El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó en el mes de febrero el Real Decreto que establece la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en un 5%, con alcance retroactivo desde el 1 de enero de 2024. Con esta medida, el SMI se eleva a 1.134 euros al mes en 14 pagas, teniendo efecto para aproximadamente 2,5 millones de trabajadores no cubiertos por la negociación colectiva.
Este aumento ha generado un impacto significativo en el panorama laboral español, y especialmente en sectores como el de la limpieza, donde los costes laborales representan hasta el 85% del gasto total. Así, añade presión adicional a las empresas del sector para ajustarse a las nuevas condiciones salariales.
En este sentido, las principales asociaciones representativas, AFELIN y AELMA, han expresado su preocupación por las repercusiones económicas y contractuales que esta medida conlleva para las empresas de limpieza, tanto en contratos públicos como privados.
Y es que, el aumento del SMI se suma a la escalada constante de los costes laborales, como los energéticos y de materias primas, lo que ha desencadenado una serie de desafíos para las empresas del sector. La imposibilidad de trasladar estos incrementos a los contratos en ejecución ha resultado en pérdidas significativas. La falta de flexibilidad en los contratos públicos, donde las empresas no pueden actualizar los precios acorde a la inflación, ha exacerbado la situación, dejando a muchas compañías en una situación de fragilidad económica y contractual.
De hecho, en un análisis detallado realizado por la patronal madrileña AELMA, se revela que las empresas de limpieza en la Comunidad de Madrid han sufrido pérdidas estimadas en 72 millones de euros desde 2021 debido a la incapacidad de ajustar los precios a la inflación. Esta situación se agrava con contratos que pueden extenderse hasta cinco años, sin posibilidad de revisión de precios.
Desde las asociaciones empresariales se ha hecho un llamamiento urgente a la reforma de la Ley de Desindexación de la Economía, con el fin de permitir a las empresas repercutir los aumentos de costos en los contratos en ejecución. Esta reforma se considera fundamental para evitar desequilibrios que amenazan la viabilidad de las empresas adjudicatarias y la continuidad de los servicios públicos.
Además, se ha planteado la necesidad de eliminar la obligatoriedad de las prórrogas forzosas en los contratos públicos, ya que esta práctica implica un grave perjuicio económico para las empresas de limpieza, sin compensación por los costes adicionales.
En una reciente reunión de la Junta Directiva de AELMA, se destacó la importancia de buscar soluciones conjuntas y favorecer el diálogo con las autoridades para abordar de manera estratégica y sostenible el impacto de la subida del SMI. Enfatizando la necesidad de encontrar un equilibrio que beneficie tanto a los trabajadores como al tejido empresarial, con el objetivo de preservar la estabilidad del sector y la calidad de los servicios ofrecidos.